La aparición de la crisis de Listeriosis durante este verano en Andalucía –y su posterior propagación a otras zonas geográficas peninsulares y europeas- ha vuelto a plantear numerosos interrogantes acerca del funcionamiento de los sistemas públicos sanitarios para dar respuesta a este tipo de aparición de epidemias contemporáneas que hemos vivido en ocasiones anteriores: vacas locas, gripe aviar, etc.,
Y como no podía ser de otra forma, y si nos atenemos a una mera selección cronológica de las informaciones que se fueron sucediendo en los medios de comunicación durante el pasado mes de agosto, cuando en su cronicidad la crisis fue mostrando su verdadera cara, con sus correspondientes aristas complementarias –me refiero al protagonismo añadido de la vertiente mercantil de la epidemia, que parece ser uno de los núcleos originarios de la misma-, y efectos dañosos en las personas ya constatados, volvemos a encontrarnos de cara con la
Si las crisis o epidemias anteriormente citadas dibujaron un esquema previo de alarma en el que el papel de las Administraciones fue a remolque del impulso informativo, y posteriormente sus efectos y reflexiones quedaron reflejados en sesudos estudios epidemiológicos, sociológicos y científicos, el desenvolvimiento y trayectoria de la situación desencadenada por la listeriosis parece que tendrá, ya las está teniendo, consecuencias mucho más graves y que tendrán una conexión profunda con sus efectos jurídicos en la esfera de la responsabilidad.
¿Funcionamiento normal o anormal de la Administración? ¿Cuál es el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente a día de hoy para este tipo de situaciones? ¿Ha nacido una suerte de fórmula de consentimiento informado –relacionado con la información asistencial epidemiológica- que debe de estar atribuido a los órganos administrativos, más allá de la información sanitaria meramente pública propia y debida de este tipo de alertas? ¿Son diferentes las obligaciones propias de la Administración sanitaria a las que puedan atribuirse a otros órganos encargados estrictamente de la salud pública? ¿Estamos ante la aparición de un nexo causal entre los referidos órganos administrativos?
Es un buen momento para la reflexión sobre el funcionamiento de la Administración en el marco del ámbito institucional, pues solo así la Administración podrá avanzar y en próximas ocasiones ofrecer respuestas reales en el marco de la prevención.
