El despacho administrativista de referencia para asuntos de alta complejidad

En Castillo-Calvín Abogados somos especialistas en Derecho Administrativo, Derecho Público y litigación contencioso-administrativa de alta complejidad. Con más de treinta años de ejercicio ininterrumpido, hemos consolidado una trayectoria singular en la defensa de particulares, empresas, colegios profesionales, asociaciones y fundaciones frente a las distintas Administraciones Públicas.

Nuestra ventaja diferencial no reside únicamente en el conocimiento profundo de la norma, sino en la combinación de rigor técnico, análisis estratégico de viabilidad y una dilatada experiencia en la obtención de sentencias de relevancia en todas las instancias del proceso judicial: desde los Tribunales de Instancia hasta el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con una doctrina jurisprudencial propia forjada en décadas de litigación de alta complejidad, liderados por José Miguel Castillo Calvín, con más de 30 años años defendiendo a ciudadanos ante la Administración.

Si su empresa, organización o institución afronta un conflicto con la Administración Pública, necesita asesoramiento en materia de derecho regulatorio o requiere la interposición de un recurso contencioso-administrativo, contáctenos sin compromiso. Le ofreceremos una valoración honesta, fundamentada y estratégica de su situación.

Abogados expertos en Derecho Administrativo y Público en Madrid

Nuestros servicios de Derecho Administrativo y Público

1. Procedimientos Administrativos

El correcto planteamiento de un procedimiento administrativo desde su inicio condiciona decisivamente el resultado final. En Castillo-Calvín Abogados asistimos al ciudadano, la empresa o la entidad desde la incoación del expediente hasta la resolución definitiva, garantizando que cada alegación, solicitud de prueba y recurso se articule en el momento procesal oportuno y con la fundamentación técnica adecuada. Nuestra intervención temprana permite no solo defender intereses en la vía administrativa, sino construir una base sólida para una eventual impugnación judicial posterior. Más de treinta años de experiencia avalan nuestra capacidad para anticipar los movimientos de la Administración y neutralizarlos con precisión.

2. Recursos Contencioso-Administrativos

Cuando la vía administrativa se agota sin resultado favorable, el recurso contencioso-administrativo es el instrumento judicial esencial para que un juez revise la legalidad de la actuación de la Administración. Nuestro despacho cuenta con una trayectoria contrastada en todas las instancias del orden contencioso-administrativo: desde los Juzgados y Tribunales de Instancia de lo Contencioso-Administrativo hasta el Tribunal Supremo, pasando por los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional. Diseñamos estrategias procesales integrales para cada asunto, combinando el análisis jurídico de la norma aplicable con una visión estratégica orientada al resultado. Somos un despacho de referencia en recursos de casación, con doctrina jurisprudencial propia forjada en décadas de litigación de alta complejidad.

3. Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública

La responsabilidad patrimonial de la Administración es el derecho que asiste a todo ciudadano o empresa a ser indemnizado cuando sufre un daño antijurídico como consecuencia del funcionamiento —normal o anormal— de un servicio público. Se trata de una institución jurídica de gran complejidad técnica, donde la acreditación del nexo causal y la cuantificación del daño resultan determinantes para el éxito de la reclamación. En Castillo-Calvín Abogados gestionamos de forma integral todo el proceso, desde la emisión de un informe previo de viabilidad hasta la impugnación judicial de la resolución denegatoria, con especial especialización en daños derivados de negligencias médicas en centros públicos de salud. Coordinamos asimismo la intervención de peritos médicos, económicos y técnicos para ofrecer la cuantificación más sólida posible del perjuicio sufrido.

4. Derecho Administrativo Sancionador

Recibir la notificación de un expediente sancionador exige una reacción jurídica inmediata: los plazos son breves y una actuación tardía o deficiente puede determinar la firmeza de la sanción. Castillo-Calvín Abogados defiende a empresas y particulares frente a procedimientos sancionadores de toda naturaleza: sanciones de la AEPD en materia de protección de datos, de la CNMC en materia de competencia y mercados regulados, de organismos sectoriales en energía, telecomunicaciones o transporte, y de cualquier Administración territorial. Nuestra intervención desde el primer trámite —formulación de alegaciones, proposición de prueba y recursos administrativos— minimiza el riesgo de sanción y preserva todas las posibilidades de impugnación judicial posterior. El profundo conocimiento de las garantías procedimentales del ius puniendi administrativo es la base de nuestra defensa.

5. Defensa de Derechos Fundamentales en vía Administrativa y Contencioso-Administrativa

La vulneración de derechos fundamentales por parte de la Administración Pública —ya sea a través de actos, resoluciones, vías de hecho o normativa— exige una respuesta jurídica especializada y urgente. Castillo-Calvín Abogados es uno de los pocos despachos de Derecho Administrativo con experiencia acreditada en el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, así como en recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional y demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El despacho cuenta con sentencias del Pleno del Tribunal Constitucional de relevancia jurisprudencial en esta materia, lo que acredita nuestra capacidad para defender asuntos de máxima complejidad hasta las últimas instancias nacionales e internacionales. Cuando está en juego un derecho fundamental, la elección del abogado determina el resultado.

6. Consultoría Legislativa y participación en procesos normativos

La elaboración de una norma —una ley, un reglamento o una orden ministerial— es una oportunidad estratégica para que las empresas, asociaciones y grupos de interés hagan valer sus posiciones jurídicas y económicas antes de que el texto sea aprobado definitivamente. Castillo-Calvín Abogados ofrece un servicio integral de consultoría legislativa y participación en procesos normativos: desde el análisis y seguimiento de proyectos normativos hasta la redacción de alegaciones en trámites de audiencia e información pública, pasando por la preparación de enmiendas y el asesoramiento en estrategias de advocacy regulatorio ante el Parlamento y la Administración. Esta área está liderada directamente por el titular del despacho, José Miguel Castillo-Calvín, quien ha participado activamente en la elaboración de importantes reformas procesales en el ámbito parlamentario español. Actuar en la fase normativa es siempre más eficiente que litigar contra una norma ya vigente.

7. Asesoramiento en Derecho Regulatorio y Sectores Regulados

Las empresas que operan en sectores regulados —energía, telecomunicaciones, transporte, sanidad, sector financiero, audiovisual o medioambiente— se enfrentan a un entorno normativo en continua evolución, con organismos reguladores con amplias potestades de supervisión, inspección y sanción. Castillo-Calvín Abogados acompaña a estas empresas con asesoramiento regulatorio de precisión: desde la obtención de autorizaciones, licencias y títulos habilitantes hasta la gestión de las relaciones con la CNMC, la AEPD y los reguladores sectoriales autonómicos y nacionales. Anticipamos el impacto de los cambios normativos en la actividad empresarial y diseñamos estrategias preventivas que reducen el riesgo regulatorio y refuerzan la posición de nuestros clientes ante las autoridades competentes. Cuando una resolución regulatoria es contraria a Derecho, la defendemos en sede contencioso-administrativa con el mismo rigor que caracteriza nuestra práctica litigiosa.

¿Por qué elegir a Castillo-Calvín Abogados para su tema de Derecho Administrativo?

• Más de 30 años de experiencia acreditada en Derecho Administrativo y Público desde 1992.

• Especialización en alta litigación: recursos de casación ante el Tribunal Supremo, amparo ante el Tribunal Constitucional y demandas ante el TEDH.

• Visión estratégica integral: evaluamos con total rigor la viabilidad del asunto antes de iniciar cualquier actuación, garantizando una estrategia honesta y eficaz.

• Atención personalizada: cada asunto recibe un seguimiento individualizado por el socio director del despacho.

• Boutique legal de alta especialización, reconocida entre los Best Law Firms 2026 por su excelencia en la práctica jurídica.

• Nuestro despacho en Madrid ofrece cobertura nacional en procedimientos ante la Administración.

• Clientes de diversa naturaleza: particulares, empresas, colegios profesionales, asociaciones, fundaciones y entidades del sector público.

¿Qué es un recurso contencioso-administrativo y cuándo se puede interponer?

Un recurso contencioso-administrativo es el mecanismo judicial previsto en la Ley 29/1998 para impugnar ante los Tribunales los actos y disposiciones de la Administración Pública que sean contrarios a Derecho. Se puede interponer, con carácter general, en el plazo de dos meses desde la notificación del acto o la resolución que agote la vía administrativa, o en el plazo de seis meses para actos presuntos.

¿Qué es la responsabilidad patrimonial de la Administración?

La responsabilidad patrimonial de la Administración es el deber que tienen las Administraciones Públicas de indemnizar a los ciudadanos o empresas que sufran daños en sus bienes o derechos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, siempre que el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado, y que exista relación de causalidad entre la actuación administrativa y el daño producido.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar una sanción administrativa?

El plazo para interponer recurso de reposición contra una sanción administrativa es, con carácter general, de un mes desde su notificación. Si se opta por el recurso de alzada, el plazo es también de un mes. Una vez agotada la vía administrativa, el plazo para acudir al Tribunal Contencioso-Administrativo es de dos meses. Es fundamental actuar con rapidez, pues el incumplimiento de estos plazos puede determinar la firmeza del acto.

¿En qué consiste el trámite de audiencia e información pública en la elaboración de normas?

El trámite de audiencia e información pública es un procedimiento mediante el cual la Administración debe dar la oportunidad a los ciudadanos, empresas y organizaciones afectadas por un proyecto normativo de presentar observaciones y alegaciones antes de su aprobación definitiva. Es un instrumento esencial de participación ciudadana y una herramienta clave para la defensa proactiva de intereses sectoriales.

¿Puedo recurrir una resolución de la CNMC o la AEPD?

Sí. Las resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), así como las de otros organismos reguladores, son recurribles en vía contencioso-administrativa. En función del organismo y la materia, el órgano judicial competente puede ser la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. Castillo-Calvín Abogados cuenta con experiencia específica en la impugnación de resoluciones sancionadoras ante ambos reguladores.

Preguntas frecuentes sobre Derecho Administrativo

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