Castillo-Calvín | Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Especialistas en demandas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos
La demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) es el recurso excepcional que permite a cualquier persona reclamar la protección de sus derechos fundamentales tras agotar la vía judicial interna. Debe presentarse en el plazo improrrogable de cuatro meses desde la notificación de la resolución firme nacional, habitualmente la sentencia del Tribunal Constitucional.
Concepto y naturaleza
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, TEDH o el Tribunal) es el órgano jurisdiccional internacional creado en el seno del Consejo de Europa con la misión de garantizar el respeto de los derechos y libertades reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en adelante, CEDH o el Convenio), así como en sus Protocolos adicionales.
La demanda ante el TEDH no constituye un recurso de apelación ni una nueva instancia revisora de las resoluciones de los tribunales nacionales, sino un mecanismo de control internacional de naturaleza subsidiaria. El Tribunal no está llamado a sustituir a los órganos jurisdiccionales internos ni a corregir errores de derecho ordinario, sino a verificar si el Estado demandado ha vulnerado alguno de los derechos garantizados por el Convenio. Esta subsidiariedad se articula a través del denominado principio de subsidiariedad y del correlativo margen de apreciación nacional, que reconoce a los Estados un ámbito de discrecionalidad en la concreción de las obligaciones convencionales, cuya amplitud varía en función de la naturaleza del derecho en cuestión y del grado de consenso europeo existente.
Marco normativo
El régimen jurídico del TEDH y del procedimiento de demanda individual se asienta sobre los siguientes instrumentos:
El Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), en su versión consolidada, que establece el catálogo de derechos protegidos y las disposiciones fundamentales sobre el funcionamiento del Tribunal.
El Protocolo núm. 11 (1998), que instauró el Tribunal actual como órgano permanente y suprimió la antigua Comisión Europea de Derechos Humanos.
El Protocolo núm. 14 (2010), que introdujo reformas significativas para hacer frente a la sobrecarga de trabajo del Tribunal, entre ellas la exigencia del perjuicio importante como nuevo criterio de admisibilidad y la posibilidad de que un juez único inadmita demandas manifiestamente inadmisibles.
El Protocolo núm. 15 (en vigor desde 2021), que incorporó al Preámbulo del Convenio una referencia expresa al principio de subsidiariedad y al margen de apreciación, y redujo de cuatro a cuatro meses el plazo para interponer la demanda a partir del 1 de febrero de 2022.
El Reglamento del Tribunal (Rules of Court), que regula el procedimiento con carácter detallado y es objeto de frecuentes actualizaciones.
Derechos protegidos
El Convenio garantiza un catálogo de derechos civiles y políticos que incluye, entre los más relevantes:
El derecho a la vida (art. 2 CEDH).
La prohibición de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes (art. 3 CEDH).
La prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado (art. 4 CEDH).
El derecho a la libertad y a la seguridad (art. 5 CEDH).
El derecho a un proceso equitativo (fair trial), que comprende el acceso a la justicia, la presunción de inocencia y las garantías del proceso penal (art. 6 CEDH).
El derecho al respeto de la vida privada y familiar (art. 8 CEDH).
La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 9 CEDH).
La libertad de expresión (art. 10 CEDH).
La libertad de reunión y de asociación (art. 11 CEDH).
La prohibición de discriminación en el goce de los derechos reconocidos por el Convenio (art. 14 CEDH).
Los Protocolos adicionales amplían este catálogo con derechos como la protección de la propiedad (art. 1 del Protocolo núm. 1), el derecho a la educación (art. 2 del Protocolo núm. 1) o la prohibición general de discriminación (Protocolo núm. 12).
Legitimación y clases de demandas
El artículo 34 CEDH reconoce legitimación activa para interponer una demanda individual ante el TEDH a toda persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación, por parte de un Estado parte en el Convenio, de los derechos en él reconocidos.
La condición de víctima exige que el demandante haya sufrido directa y personalmente la violación alegada, si bien el Tribunal ha admitido también la figura de la víctima potencial —cuando existe un riesgo real e individualizado de sufrir la vulneración— y, con carácter excepcional y restrictivo, la víctima indirecta.
Junto a la demanda individual, el artículo 33 CEDH contempla las demandas interestatales, mediante las cuales un Estado parte puede denunciar ante el Tribunal el incumplimiento por otro Estado parte de las obligaciones convencionales. Esta modalidad es cuantitativamente minoritaria pero ha cobrado notable relevancia en los últimos años, en particular en el contexto de conflictos armados en Europa.
Requisitos de admisibilidad
El artículo 35 CEDH establece los requisitos de admisibilidad que toda demanda individual debe satisfacer. Su incumplimiento determina la inadmisión, que puede acordarse en cualquier fase del procedimiento:
1. Agotamiento de los recursos internos
El demandante debe haber agotado previamente todos los recursos internos disponibles y efectivos en el Estado demandado. Este requisito, expresión del principio de subsidiariedad, impone al demandante la carga de haber ofrecido a los tribunales nacionales la oportunidad de remediar la vulneración alegada. A estos efectos, el Tribunal ha precisado que los recursos han de ser accesibles, suficientes y efectivos para reparar la violación denunciada.
En el caso de España, el agotamiento de la vía interna implica, con carácter general, haber agotado la vía judicial ordinaria y, cuando proceda, haber interpuesto el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, dado que este constituye un recurso efectivo a los efectos del artículo 35 CEDH respecto de los derechos fundamentales susceptibles de dicho recurso.
2. Plazo de interposición
Desde la entrada en vigor del Protocolo núm. 15 el 1 de agosto de 2021, la demanda debe presentarse en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la resolución interna definitiva. Con anterioridad, dicho plazo era de seis meses. El cómputo se inicia, con carácter general, desde la notificación de la resolución que pone fin a la vía interna o, en su defecto, desde que el demandante tuvo o debió tener conocimiento de ella.
3. Ausencia de anonimato
La demanda no puede ser anónima. El demandante debe identificarse, sin perjuicio de que pueda solicitarse la confidencialidad de su identidad en determinados supuestos justificados.
4. No ser esencialmente la misma
La demanda será inadmitida si es esencialmente la misma que otra ya examinada por el Tribunal o sometida a otro procedimiento internacional de investigación o solución, y no contiene hechos nuevos.
5. Perjuicio importante
Introducido por el Protocolo núm. 14 y recogido en el artículo 35.3.b) CEDH, el Tribunal podrá inadmitir la demanda cuando el demandante no haya sufrido un perjuicio importante, salvo que el respeto de los derechos humanos garantizados por el Convenio exija un examen del fondo del asunto y siempre que no pueda desestimarse por este motivo ningún asunto que no haya sido debidamente examinado por un tribunal nacional. Este criterio responde a la necesidad de concentrar los recursos del Tribunal en los asuntos de mayor gravedad.
6. Compatibilidad con el Convenio
La demanda será inadmitida si resulta incompatible ratione materiae (el derecho invocado no está protegido por el Convenio), ratione personae (el demandante carece de legitimación o el Estado demandado no es responsable), ratione loci (los hechos no son imputables a la jurisdicción de un Estado parte) o ratione temporis (los hechos son anteriores a la ratificación del Convenio por el Estado demandado).
Procedimiento
1. Presentación de la demanda
La demanda deberá presentarse mediante el formulario oficial establecido por el Reglamento del Tribunal, debidamente cumplimentado en inglés o francés —lenguas oficiales del Tribunal— o en el idioma oficial del Estado demandado. Deberá contener la identificación del demandante, la indicación del Estado demandado, una exposición concisa de los hechos y de las violaciones alegadas con referencia a los artículos del Convenio, la acreditación del agotamiento de los recursos internos y la indicación de las resoluciones internas pertinentes.
2. Formación y competencia
Las demandas son examinadas por distintas formaciones según su complejidad y estado procesal:
Juez único: para las demandas manifiestamente inadmisibles, que puede inadmitir sin mayor trámite.
Comité de tres jueces: para las demandas repetitivas sobre cuestiones ya resueltas por jurisprudencia consolidada, que puede declarar la admisibilidad y dictar sentencia simultáneamente mediante procedimiento simplificado.
Sección (sala de siete jueces): para los asuntos que requieren un examen de fondo sobre cuestiones no consolidadas.
Gran Sala (diecisiete jueces): para los asuntos de mayor relevancia, bien por inhibición de la Sala, bien por remisión a instancia de parte, cuando el asunto plantee una cuestión grave relativa a la interpretación del Convenio o cuando la resolución pueda ser contradictoria con otra sentencia anterior del Tribunal.
3. Tramitación
Una vez comunicada la demanda al Gobierno demandado, las partes presentan sus observaciones escritas sobre la admisibilidad y el fondo. El Tribunal puede celebrar una vista oral, aunque en la práctica la mayoría de los asuntos se resuelven mediante procedimiento escrito. En determinados casos, el Tribunal puede proponer a las partes una solución amistosa (friendly settlement) que ponga término al procedimiento mediante acuerdo, cuya homologación por el Tribunal implica el archivo del asunto.
El Tribunal puede asimismo adoptar medidas provisionales conforme a la Regla 39 del Reglamento, con carácter urgente y vinculante para el Estado, cuando exista riesgo inminente de daño irreparable, en particular en casos que afecten al derecho a la vida o a la prohibición de tortura.
Sentencias y efectos
1. Contenido de la sentencia
Las sentencias del TEDH se pronuncian sobre si ha existido o no una violación del Convenio. En caso de estimación, el Tribunal podrá:
Declarar la existencia de la violación del derecho o derechos invocados.
Otorgar una satisfacción equitativa (just satisfaction) al demandante, conforme al artículo 41 CEDH, que puede incluir una indemnización por daños materiales y morales, así como el reembolso de las costas y gastos procesales.
Indicar medidas individuales de ejecución, tales como la puesta en libertad del demandante, la reapertura del proceso interno o la restitución de bienes.
El Tribunal no dispone de potestad anulatoria directa sobre las resoluciones nacionales, si bien sus sentencias generan para el Estado la obligación de adoptar las medidas individuales y generales necesarias para cesar en la violación y reparar sus consecuencias.
2. Carácter vinculante y ejecución
Conforme al artículo 46 CEDH, las sentencias firmes del TEDH son obligatorias para los Estados parte en el litigio, quedando sometida su ejecución a la supervisión del Comité de Ministros del Consejo de Europa. El Estado dispone de libertad de medios para cumplir la sentencia, debiendo presentar ante el Comité de Ministros un plan de acción en el que se especifiquen las medidas adoptadas o previstas, tanto de carácter individual como de carácter general —reformas legislativas, cambios de práctica administrativa o judicial, etc.—.
En el ordenamiento jurídico español, la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, introdujo en la Ley Orgánica del Poder Judicial el artículo 5 bis, que prevé el recurso de revisión ante el Tribunal Supremo como mecanismo de ejecución de las sentencias del TEDH que declaren la vulneración de un derecho reconocido por el Convenio, cuando la misma traiga causa de una resolución judicial firme dictada por tribunales españoles.
Relación con el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional
El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y la demanda ante el TEDH son mecanismos complementarios y sucesivos de protección de los derechos fundamentales. El agotamiento del amparo constituye, con carácter general, un presupuesto necesario para la admisibilidad de la demanda ante el TEDH, dado que el Tribunal Constitucional es considerado un recurso interno efectivo a los efectos del artículo 35.1 CEDH.
Sin embargo, los sistemas de protección difieren en aspectos esenciales: el TEDH aplica exclusivamente el Convenio —cuyo catálogo no coincide plenamente con el de la Constitución Española—, opera con un margen de subsidiariedad más amplio, y sus sentencias no anulan directamente las resoluciones nacionales, sino que generan obligaciones de resultado para el Estado. La complementariedad entre ambos sistemas configura un modelo multinivel de protección de los derechos fundamentales en el que el demandante puede, en determinados supuestos, obtener ante Estrasburgo la reparación que no obtuvo en sede nacional.
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