El proceso de creación de cualquier norma con rango de Ley o de un reglamento incorpora fases esenciales de participación pública que son, en la práctica, la última oportunidad para influir y defender intereses legítimos antes de la aprobación definitiva del texto. En Castillo-Calvín Abogados entendemos que este trámite de Audiencia e Información Pública, junto con la etapa previa de Consulta Pública, exige una intervención que trascienda la mera opinión, elevándose al nivel del rigor jurídico y la técnica legislativa.

Nuestros abogados se especializan en la defensa de intereses legítimos mediante la preparación de escritos de alegaciones altamente fundamentados. La redacción de estos documentos se aborda desde una perspectiva de litigación preventiva, anticipando argumentos y garantizando que cada propuesta de modificación, supresión o inclusión esté sólidamente respaldada por la jurisprudencia y el ordenamiento vigente.

Además del fondo del escrito, la eficacia de la intervención está condicionada por el estricto cumplimiento de los requisitos formales y los plazos perentorios. Por ello, asistimos a nuestros clientes en la revisión meticulosa de los plazos de audiencia e información pública, garantizando la adecuada redacción de escritos de alegaciones ante los órganos promotores de la norma (Ministerios, Consejerías, etc). Aseguramos así que su voz sea escuchada y que la alegación sea admitida y tomada en consideración en el proceso decisorio, tal como exige la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Abogados expertos en la redacción de alegaciones durante el trámite de audiencia pública y consulta previa

Preguntas frecuentes sobre alegaciones en el proceso de elaboración de normas

1. ¿Cuál es el plazo para presentar alegaciones en el trámite de Audiencia Pública?

El plazo para la presentación de alegaciones y propuestas en el trámite de Audiencia e Información Pública es variable y se establece de forma específica para cada proyecto normativo.

Conforme a la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, el plazo mínimo habitual es de quince días hábiles, pero puede reducirse hasta siete días en casos de urgencia o ampliarse si la complejidad del texto lo requiere.

Es crucial realizar un seguimiento constante de la publicación oficial del proyecto (generalmente en el Boletín Oficial del Estado y en el Portal de Transparencia del organismo impulsor) para identificar la fecha de inicio y fin del plazo, ya que la presentación extemporánea conlleva la inadmisión del escrito.

2. ¿Qué diferencia hay entre la Consulta Pública Previa y la Audiencia Pública?

Aunque ambas son fases de participación, se distinguen por el momento en que se producen y por el objeto de la participación:

Consulta Pública Previa: Se realiza en la fase inicial de la elaboración de la norma, cuando solo existe una memoria o idea del proyecto. Su objetivo es recabar la opinión de la ciudadanía sobre la necesidad y oportunidad de la norma y las posibles soluciones que debe abordar. Aún no existe un texto articulado.

Audiencia e Información Pública: Se realiza una vez que el proyecto de ley o reglamento ya está redactado y ha sido aprobado por el órgano competente (ej. Consejo de Ministros). Su objetivo es recabar alegaciones sobre el contenido concreto del texto articulado, permitiendo a los interesados proponer modificaciones, supresiones o añadir nuevos artículos.

3. ¿Quién puede presentar alegaciones a un proyecto de ley o reglamento?

El derecho a presentar alegaciones en los trámites de Audiencia e Información Pública es amplio, pero se focaliza en quienes tienen un interés legítimo:

Personas afectadas: Pueden alegar directamente los ciudadanos titulares de derechos o intereses legítimos que se vean afectados por el futuro texto normativo.

Representación organizada: El medio más efectivo es a través de las entidades que agrupan a los afectados, como empresas, colegios profesionales, asociaciones sectoriales u otras organizaciones.

En nuestro despacho, asesoramos y representamos a todos estos colectivos y particulares, garantizando que sus alegaciones se presenten con el máximo rigor jurídico y técnica legislativa para tener un impacto real en el proceso, en defensa de los intereses corporativos y profesionales de nustros clientes ante la nueva regulación. De esta manera se pueden evitar los perjuicios económicos o la restricción de derechos causados por normativas desfavorables.

Las alegaciones en audiencia pública y la consulta previa son fases esenciales en el proceso de elaboración de leyes y reglamentos conforme a la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. Este procedimiento de participación ciudadana permite a personas físicas y jurídicas, así como a entidades profesionales y asociaciones, presentar alegaciones y propuestas para influir en el texto definitivo de normas y regulaciones. La intervención experta en consultoría legislativa y la correcta presentación de alegaciones jurídico-técnicas son determinantes para la defensa de intereses legítimos y la protección de derechos ante cualquier nueva regulación sancionada por organismos públicos. La eficacia de este proceso depende tanto del rigor en la redacción como del cumplimiento de los plazos y requisitos formales fijados por la normativa vigente.