Condenan a pagar 300.000 € a una madre y su hija con parálisis por sufrimiento fetal


El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a indemnizar con más de 300.000 euros a una madre y a su hija, quien sufrió daños cerebrales severos debido a un sufrimiento fetal agudo durante el parto. Este caso de negligencia médica, ocurrido en el Hospital San Agustín de Linares (Jaén), evidencia la importancia del consentimiento informado y la necesidad de una comunicación clara entre el equipo médico y los pacientes.
Sufrimiento fetal y falta de comunicación en el parto
La madre acudió al hospital para dar a luz, y durante 72 horas, los médicos intentaron inducir el parto vía vaginal, con el objetivo de evitar una cesárea. Sin embargo, durante este prolongado proceso, el bebé sufrió un sufrimiento fetal agudo, y la madre experimentó la rotura de la matriz, que derivó en una histerectomía total. Este procedimiento quirúrgico provocó que la madre quedara estéril, afectándola con una minusvalía del 33%.
La falta de información durante el parto se convierte en el punto central de este caso. Según el TSJA, quedó acreditado que ni la parturienta ni su familia fueron informados sobre la situación, las opciones de intervención (cesárea o parto vaginal inducido), ni los riesgos asociados a cada alternativa. Este defecto de información, imputable a la Administración, fue considerado un daño moral grave, susceptible de indemnización tanto para la madre como para la hija, quien sufre ahora una parálisis cerebral con tetraparesia y una minusvalía del 67%.
Consentimiento informado: una obligación legal y ética
Este caso resalta la importancia del consentimiento informado, una obligación que tiene el médico de comunicar, tanto de forma verbal como escrita, el procedimiento a seguir, las alternativas, y los riesgos. En palabras de la abogada de la familia, Esther Jiménez Moragas, del despacho Castillo- Calvín, “el consentimiento informado debe estar firmado en todas sus páginas, con el fin de garantizar que el paciente o su familia comprenden el alcance de las decisiones que se toman”.
Este consentimiento es esencial en cualquier procedimiento médico, pero adquiere una importancia aún mayor en situaciones críticas como el parto, donde los riesgos pueden afectar tanto a la madre como al bebé. La ausencia de un consentimiento informado en el parto no solo constituye una infracción de los derechos del paciente, sino que, como en este caso, puede ser considerada una forma de negligencia médica con graves consecuencias.
Consecuencias de la negligencia médica
La falta de una adecuada información desencadenaron graves daños físicos y morales para la madre y la hija. Los efectos de la negligencia fueron devastadores:
Daños en la recién nacida: El sufrimiento fetal agudo provocó que la bebé sufriera daños cerebrales irreversibles, resultando en tetraparesia y parálisis cerebral de forma cuadripléjica, con un 67% de minusvalía. Este tipo de daño requiere de cuidados intensivos y especializados de por vida, afectando no solo su desarrollo, sino también el de su entorno familiar.
Consecuencias para la madre: La madre sufrió una rotura uterina que derivó en una histerectomía total, lo que le causó una esterilidad permanente y un grado de minusvalía del 33%. Además de la pérdida de fertilidad, se enfrenta a secuelas físicas y psicológicas derivadas de este proceso traumático.
Daño moral: El TSJA consideró que la falta de información imputable al SAS representa un daño moral grave, pues la madre no tuvo la posibilidad de decidir informadamente sobre lo que era más adecuado para el nacimiento. Este daño moral, junto con los daños físicos, se ha convertido en el fundamento de la indemnización.
Recurso de casación: la indemnización sigue en disputa
Aunque el TSJA ha condenado al SAS a pagar más de 300.000 euros, el caso aún no está cerrado. Tanto el SAS como la abogada de la familia han anunciado que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo. La familia sostiene que la indemnización solo contempla el daño moral, sin incluir los daños físicos y materiales ocasionados.
La abogada de la familia especialista en negligencias médicas argumenta que, de las dos opciones posibles (cesárea desde el principio o parto inducido), los médicos eligieron la que presentaba mayores riesgos para la madre y el bebé. Según la Real Academia de Medicina, la inducción al parto vaginal es la opción menos recomendada en casos de riesgo de sufrimiento fetal, mientras que la cesárea puede ser una alternativa más segura en situaciones críticas. La letrada sostiene que si la familia hubiera sido informada de estas alternativas, podrían haber optado por la cesárea desde el principio, evitando el daño severo que sufrió el bebé.
La importancia de la información y el consentimiento en los procesos médicos
Este caso es un recordatorio de la obligación de los profesionales de la salud de garantizar que los pacientes o sus representantes estén plenamente informados sobre los riesgos y alternativas de cualquier procedimiento médico. La falta de información es una forma de negligencia que, como en este caso, puede tener consecuencias irreversibles.
El consentimiento informado no es solo un documento que el paciente firma, sino un proceso de comunicación y comprensión que garantiza que el paciente, o en su caso su familia, puede tomar decisiones de manera consciente y en función de sus propios intereses y valores.
Conclusión: un fallo que reitera la importancia de la información en medicina
La condena al SAS por este caso de negligencia médica es un recordatorio del impacto que tiene la falta de comunicación y la omisión de un consentimiento informado en el ámbito sanitario. En situaciones de alto riesgo, como el parto, la toma de decisiones debe basarse en una comprensión clara de los riesgos y beneficios de cada alternativa.
Los pacientes y sus familias deben tener la oportunidad de participar activamente en el proceso de decisión sobre su salud, especialmente cuando se trata de situaciones que pueden comprometer la vida o la integridad física. Casos como este resaltan la necesidad de reforzar la formación médica en ética y comunicación, y de implementar protocolos rigurosos que garanticen el derecho de los pacientes a recibir información adecuada y comprensible.


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