Gestión, responsabilidad y consecuencias de la pandemia

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A propósito de la pandemia del Covid: Reflexiones sobre la gestión, la responsabilidad y las consecuencias

El 24 de febrero de 2020, la Comisión Europea (CE) anunció un paquete de ayudas por valor de 232 millones de euros destinado a la prevención y contención global del coronavirus (Covid-19). Mientras tanto, Italia extremaba sus medidas de seguridad tras confirmar su séptima víctima mortal y más de 200 casos positivos, lo que llevó a plantearse en toda Europa la posibilidad de una epidemia a nivel continental. Ya por entonces se temía que este brote de Covid-19 pudiera ser el mayor en Europa, pero en España, la respuesta del gobierno se centraba en tranquilizar a la sociedad. "El virus no está en España y no hay ningún caso en investigación", afirmaba públicamente Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Primeros indicios y respuestas insuficientes

A medida que los casos de coronavirus se multiplicaban, el 2 de marzo de 2020, con 119 casos reportados en España, el Ministerio de Sanidad mantenía el nivel 1 de alerta. Pocos días después, el 6 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una advertencia a los países que no estaban tomando las medidas necesarias, instándolos a implicarse activamente en la contención del virus en lugar de confiar únicamente en la capacidad de sus sistemas sanitarios. Ese mismo día, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) publicó una evaluación sobre el riesgo de exposición al coronavirus en Europa, advirtiendo que el riesgo de transmisión comunitaria en la Unión Europea era "de moderado a alto". Para entonces, la UE ya contabilizaba 2.199 casos confirmados y 38 fallecidos, mientras que España reportaba 280 casos, concentrándose casi 100 en la Comunidad de Madrid.

La marcha feminista del 8 de marzo y la falta de previsión

Seis días antes de la celebración de la marcha feminista del 8 de marzo en Madrid, que reunió a unas 120.000 personas, la situación epidemiológica en España y Europa ya era preocupante. A pesar de que al menos tres días antes de la manifestación se cumplían las condiciones recomendadas por la agencia de salud pública europea para cancelar eventos multitudinarios, las autoridades españolas decidieron permitir su celebración e incluso alentaron la participación. Mientras Francia y Alemania prohibían reuniones de más de 1.000 personas para evitar la propagación del virus, España adoptó una postura contraria.

La decisión de no suspender eventos multitudinarios como la manifestación del 8-M y otros actos políticos y deportivos fue tomada en contra de las recomendaciones de organismos internacionales. El mensaje público seguía siendo tranquilizador, insistiendo en que el virus no representaba una amenaza inminente en el país. Sin embargo, días después de la manifestación, miles de participantes comenzaron a desarrollar síntomas compatibles con el coronavirus, en plena fase de incubación de la enfermedad.

El impacto en la propagación del virus

Aunque el Ministerio de Sanidad se resistió a hacer públicos los datos desglosados por sexo de los contagiados en las primeras semanas, alegando la inexistencia de esos datos, lo cierto es que una cantidad significativa de participantes de la manifestación presentó síntomas del virus en los días posteriores. Las investigaciones epidemiológicas que se realizaron en meses posteriores deberán acreditar si hubo una relación directa entre el rápido incremento de los contagios y la celebración de estos eventos multitudinarios, que bien podrían haber actuado como aceleradores del brote en España.

La gestión de la crisis sanitaria y sus deficiencias

Este caso no es un hecho aislado, sino un reflejo de la falta de previsión por parte de las autoridades sanitarias. A esta situación se suma la deficiente planificación de recursos, tanto materiales como personales, lo que se tradujo en la adquisición tardía de material sanitario y en algunos casos, en la compra de productos defectuosos. Estas circunstancias, junto con decisiones erráticas en la gestión de la crisis, contribuyeron al actual colapso del sistema sanitario español, con consecuencias de largo alcance tanto en lo económico como en lo social y sanitario.

La falta de preparación y de respuesta rápida ante la pandemia ha expuesto a la población a riesgos evitables. En este contexto, la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad del sistema sanitario español y las graves carencias de gestión en momentos críticos. La lenta respuesta, tanto en la contención del virus como en la movilización de recursos, ha provocado que España se convirtiera en uno de los países más afectados a nivel mundial por la pandemia.

Responsabilidad de las autoridades y la respuesta judicial

Cuando pase el momento más crítico de la pandemia, llegará el momento de rendir cuentas y asumir responsabilidades. La crisis del coronavirus ha generado una serie de daños irreparables, desde el fallecimiento de miles de personas hasta el sufrimiento de decenas de miles de contagiados. Los tribunales tendrán la difícil tarea de resolver si las autoridades actuaron con la debida diligencia o si, por el contrario, sus decisiones y omisiones contribuyeron a la expansión del virus y al incremento de la mortalidad.

El derecho administrativo español establece que la responsabilidad patrimonial de la Administración es la vía principal para reclamar indemnizaciones derivadas de daños causados por el funcionamiento de los servicios públicos. Según el Tribunal Supremo, para que la Administración sea declarada responsable, es necesario que se cumplan cuatro requisitos básicos:

  1. Existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado.

  2. Nexo causal entre el daño y el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, sin intervención de causas externas que alteren dicha relación.

  3. Ausencia de fuerza mayor, es decir, que no se pueda atribuir el daño a un suceso imprevisible e inevitable.

  4. Que el reclamante no tenga la obligación de soportar el daño como consecuencia de su propia conducta o de una situación de la que deba ser responsable.

Alegaciones de fuerza mayor y su refutación

La Administración, como ya ha comenzado a hacer, argumentará que la pandemia global constituye un caso de fuerza mayor, lo que la exime de responsabilidad. Sin embargo, esta afirmación puede ser refutada en ciertos casos. Para ilustrar esta situación, podemos hacer una analogía con las catástrofes naturales, como un tsunami. Si las autoridades, tras ser advertidas de la llegada de un tsunami, no toman medidas preventivas y no informan a la población de manera adecuada, podrían ser consideradas responsables de los daños, aunque no pudieran evitar el fenómeno natural en sí.

De manera similar, en la gestión del coronavirus, aunque la pandemia en sí es inevitable, las decisiones tomadas para contenerla y los protocolos preventivos sí pueden marcar una diferencia. La actuación desigual de los distintos gobiernos ha resultado en un impacto muy dispar en cada país. Por lo tanto, será responsabilidad de los jueces determinar si las autoridades españolas hicieron todo lo posible para evitar la expansión del virus y mitigar sus consecuencias, o si, por el contrario, su gestión deficiente causó una pérdida de oportunidad para miles de pacientes de salvar sus vidas y para la población en general de evitar una crisis económica sin precedentes.