Fallos en el cribado de cáncer de mama en Andalucía: Guía para las afectadas

¿Quiénes pueden reclamar?

Pueden reclamar todas las mujeres cuya mamografía obtuvo una clasificación dudosa o anómala (típicamente BI-RADS 3 o BI-RADS 4) que obligaba al Servicio Andaluz de Salud a realizar pruebas complementarias o un seguimiento estrecho. El fallo se produce precisamente en la omisión de esa citación posterior para nuevas pruebas. Igualmente, las pacientes que experimentaron cualquier retraso injustificado en la realización o comunicación de las exploraciones complementarias. Aunque la Junta de Andalucía ha reconocido formalmente 2.000 casos, testimonios y registros internos apuntan a que el número de afectadas podría ser sensiblemente mayor.

La responsabilidad va más allá de un simple incumplimiento administrativo. Cuando el error retrasa el diagnóstico y agrava el cáncer, las pacientes tienen derecho a reclamar una indemnización que cubra tanto el daño físico y moral, como la restitución de los costes derivados de tratamientos, intervenciones más agresivas y rehabilitación.

¿Cómo reclamar frente a la Administración?

La vía más efectiva para obtener una reparación justa es, sin duda, presentar reclamaciones individuales, en lugar de recurrir a acciones colectivas, pues no es suficiente acreditar la existencia de una negligencia genérica del sistema o un fallo estructural. La reclamación individual aporta mayor claridad y contundencia a la relación entre la negligencia y el daño sufrido, facilitando una valoración ajustada a cada situación particular. Este enfoque exige que cada afectada acredite con precisión el daño concreto que ha sufrido, especialmente en aquellos casos en los que el retraso en el diagnóstico ha propiciado la progresión del cáncer a estadios más avanzados, agravando así su pronóstico y sus secuelas.

Es importante destacar que, si se opta por acudir a la vía judicial contenciosa, primero debe agotarse la fase administrativa mediante la interposición de una reclamación patrimonial ante la propia Administración sanitaria. Solo tras la resolución expresa o el transcurso del plazo previsto de seis meses sin respuesta se podrá iniciar la vía judicial.

¿Qué pruebas son imprescindibles?

Para acreditar con la mayor solidez posible el nexo causal entre la gestión negligente de la Administración sanitaria y el daño efectivo, es preciso fundamentar la reclamación en una prueba individualizada y concreta que relacione específicamente cada perjuicio con los fallos organizativos o médicos. En este sentido, las pruebas más relevantes son:

- Historial médico completo: El primer paso es solicitar el historial médico completo a la Consejería de Salud, Servicio Andaluz de Salud (SAS) o al hospital de referencia, incluyendo informes de mamografías, cartas de citación, informes de anatomía patológica y todo el seguimiento oncológico a la Consejería de Salud, Servicio Andaluz de Salud (SAS) o al hospital de referencia. Este historial es el documento base sobre el que trabajará el perito médico para acreditar la omisión o retraso en la comunicación o en la realización de pruebas complementarias.

- Informes periciales especializados: que describan el protocolo de seguimiento correcto, analicen el incumplimiento de dicho protocolo y valoren cómo el retraso ha afectado a la evolución del cáncer de mama y, con ello, al pronóstico y calidad de vida de la afectada. Estos informes también deben evaluar el impacto de las complicaciones, secuelas físicas y emocionales, y los costes adicionales derivados de tratamientos más agresivos y prolongados.

- Documentación administrativa: incluyendo las comunicaciones oficiales de la Administración admitiendo o reconociendo los errores, los protocolos internos que no se cumplieron, y cualquier otra documentación que sirva para acreditar la negligencia o fallo estructural en la gestión sanitaria.

Es fundamental tener en cuenta que el análisis del nexo causal debe abordarse con especial rigor, pues la carga de acreditar que la omisión concreta fue la causa directa del daño recae sobre la afectada. No basta con demostrar que el cribado falló (la negligencia); hay que demostrar que ese retraso de meses hizo que su tumor pasara, por ejemplo, de un estadio I a un estadio II, lo que obligó a una quimioterapia que se podría haber evitado (el daño). La jurisprudencia exige que se demuestre esa relación de forma clara y fehaciente, para evitar que la responsabilidad quede sujeta a interpretaciones discutibles.

Plazo legal para reclamar (prescripción)

El plazo para interponer la reclamación de responsabilidad patrimonial es generalmente de un año desde que se produce la curación o la estabilización de las secuelas (o desde que se tiene conocimiento del alcance del daño). Es imprescindible actuar dentro de este plazo para no perder el derecho a reclamar.

¿Cuánto puede tardar una reclamación de responsabilidad sanitaria?

En nuestra práctica, estos procedimientos suelen dilatarse entre tres y cinco años desde la presentación de la reclamación administrativa hasta la sentencia firme. A ello se añade un periodo de seis meses a un año para la ejecución de la indemnización. Factores como la complejidad técnica del caso, la carga de trabajo en los juzgados o la solicitud de medidas cautelares pueden alargar estos plazos. Por ello, es fundamental que las afectadas mantengan la paciencia y la constancia, ya que, aunque el proceso sea largo, el retraso no puede convertirse en un obstáculo para reparar un daño tan grave como injusto.

¿Cómo se indemnizan los daños provocados por la Administración?

La ausencia de un baremo objetivo aplicable a las negligencias médicas provoca que las indemnizaciones dependan en gran medida del criterio del juez y de las particularidades de cada caso. Esta variabilidad genera inseguridad jurídica. Por ello, en Castillo-Calvín Abogados basamos cada petición en tres pilares: precedentes judiciales relevantes, informes periciales -médicos y psicológicos- y comparativas con sentencias similares. Así establecemos rangos indemnizatorios coherentes y ajustados a la jurisprudencia, reduciendo la discrecionalidad y mejorando las expectativas de éxito.

La reciente detección de fallos en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía ha revelado deficiencias estructurales en la gestión sanitaria pública. Lo más crítico es que miles de mujeres no solo han sufrido retrasos en su diagnóstico, sino que en muchos casos esa demora ha permitido la progresión del tumor, ocasionando daños irreversibles en su salud e incluso la muerte. A continuación, aclaramos las dudas más frecuentes, abordando tanto las cuestiones médicas como sus repercusiones jurídicas.