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"El Estado nos debe devolver lo que nos arrebató"

31/10/2010

Esta reclamación patrimonial al Estado, que abre una vía jurídica novedosa, ha sido llevada a cabo por el abogado José Miguel Castillo Calvín. Según explica, lo que les ha dado pie a formular esta petición ante el Ministerio de la Presidencia es el hecho de que el Gobierno ha reconocido que Virgilio Castilla sufrió injustamente persecución o violencia.

 

"Se hace constar que por haber satisfecho totalmente la sanción económica de 250.000 pesetas, en expediente de responsabilidad política impuesta al encartado D. Virgilio Castilla Carmona, sus herederos recobran totalmente la libre disposición de su bienes".

 

De esta guisa, en el Boletín Oficial de la Provincia del 24 de octubre de 1940, se dio por pagada una multa de 250.000 pesetas a la familia del que al comienzo de la Guerra Civil era presidente de la Diputación de Granada. La sanción se debió precisamente al hecho de que Virgilio Castilla presidiera la corporación provincial, y fue impuesta después de que el político fuera fusilado en la tapia del cementerio de la capital.

 

En aquel entonces, 250.000 pesetas era todo un dineral. Pagar aquello supuso a la viuda el hundimiento económico completo y el embargo de sus bienes, de modo que la familia pudo salir adelante sólo mediante la ayuda del abuelo, que era una persona acaudalada.

 

«Gracias a él pudimos sobrevivir. De lo contrario, hubiéramos tenido que pedir limosna. Eso sí, después se nos dedujo de la herencia... Además de dejarnos en la ruina, nos quitaron todas las expectativas. Los militares tomaron incluso la casa. Nos embargaron todo». Quien habla es José Castilla, hijo de Virgilio, que ha pasado muchos años recopilando documentos e información para recomponer el puzzle y hacer lo que ha hecho:reclamar al Estado que devuelva a la familia lo que injustamente le quitó.

 

José Castilla no pretende una restitución moral de la figura de su padre, pues con el emotivo homenaje que la Diputación le brindó en los años ochenta tiene holgadamente de sobra. Tampoco desea que se le indemnice por el fusilamiento de su progenitor: ¿cómo ponerle precio a una vida? Lo único que desea, pues, es que el Estado reintegre a la familia la cantidad económica que le quitó con aquella multa «claramente injusta».

 

Sin venganza 


«No nos mueve ningún ánimo de venganza. La venganza no es lo mío. Soy incluso íntimo amigo del hijo del capitán Nestares, que fue quien detuvo a mi padre en 1936. No tenemos rencores, pero queremos que el Estado nos devuelva lo que injustamente nos arrebató», dice José Castilla, que con su hermana Carmen no piensa cejar en el intento.

 

Fue el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien el pasado 2009 envió una carta a los familiares en la que de forma oficial expide la llamada «declaración de reparación y reconocimiento personal» por las vicisitudes de Virgilio Castilla". Padeció persecución y violencia por razones políticas e ideológicas, siendo ejecutado en Granada el 2 de agosto de 1936 en virtud de la sentencia dictada, sin las debidas garantías, por el ilegítimo consejo de guerra celebrado en la misma ciudad el día 1 de agosto de 1936», dice textualmente la carta del ministro de Justicia.

 

Tanto el letrado como los hijos de Castilla creen que esta reparación está bien, pero piensan que es insuficiente. «El Estado se lucró con una sanción que nunca debió imponerse, y eso es enriquecimiento injusto», sostiene el abogado, que calcula que el contravalor de aquellas 250.000 pesetas de entonces es ahora de unos 262.000 euros. Eso es lo que reclaman.

 

A sus 80 años de edad, y tras mucho tiempo preparando el caso, José Castilla ha aprendido, sobre todo, a perseverar. Por eso dice: «Si el Ministerio de la Presidencia rechaza la reclamación, habrá que ir a los tribunales y probablemente no veré el final de este caso. Pero si eso ocurre algún hijo seguirá con él y llevará el tema a Europa. Pensamos llegar al Tribunal de Estrasburgo si es necesario».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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