Publicado en "La Crónica" de el Diario El Mundo. 9/9/2001.
"Hemoderivados infectados de Sida, plasma humano contaminado con el virus de la hepatitis C, filtros de dializadores presuntamente defectuosos... ¿A la tercera va la vencida?
La multinacional B., una de las empresas que más productos clínicos comercializa en todo el mundo, se enfrenta a su tercer escándalo médico de grandes dimensiones en nuestro país. Ha habido muertes, vidas destrozadas, juicios ganados y perdidos, pactos de silencio y pruebas y más pruebas de que las luchas eternas entre David y Goliat casi siempre se saldan con la derrota del primero.
«La responsabilidad de los laboratorios en la fabricación de productos defectuosos es objetiva, por lo que deben responder por ello. En este caso, B. está obligada a realizar una labor de seguimiento de sus productos porque en esa época ya existían reactivos adecuados para detectar el virus. Y no los emplearon», asegura el abogado José Miguel Castillo Calvín, que ha ganado la última demanda contra la multinacional.
Señala la Sentencia de 31 de julio de 2001 del Juzgado 1 de 1ª Instancia de Jaén: “Que estimando parcialmente la demanda presentada contra la entidad Laboratorios B. debo declarar y declaro: que existe relación directa de causa-efecto entre el contagio del virus de la Hepatitis C y la administración del hemoderivado denominado Gammagard fabricado, importado y puesto en circulación por el laboratorio demandado; y debo condenar y condeno a la demandada a abonar a la actora la cantidad de 19.143.813 pts.más los intereses legales”
Sangre contaminada
A lo largo de la última década, la multinacional, con sede en Illinois (EEUU) y que da trabajo a 41.000 personas en 112 países, ha sufrido la retirada del mercado de tres de sus productos: varios lotes de hemoderivados infectados con el VIH utilizados habitualmente por los hemofílicos, una gammaglobulina o derivado de plasma humano prescrito para enfermos inmunodeficientes y, recientemente, los filtros de los equipos de diálisis de varias unidades hospitalarias de España. Y aunque la responsabilidad de todas las muertes más de 1.500 en total- nunca quedó muy clara en medio de un marasmo legal interminable, existen varias sentencias judiciales que han condenado a Baxter a indemnizar a sus víctimas una vez demostrada la causa-efecto de sus fármacos en las mismas.
A principios de la década de los 80 el VIH se coló en el plasma elaborado por las grandes multinacionales farmacéuticas antes de que se crearan los métodos de detección del virus. La pandemia mundial se cebó en primer lugar entre los hemofílicos, 1.400 víctimas españolas de ese contagio masivo, la mitad de los cuales ya ha fallecido. Aunque las empresas fabricantes de hemoderivados, como B., siempre han argumentado que en esa época era técnicamente imposible saber si esa sangre estaba infectada, posteriores investigaciones demostraron que muchas de estas empresas siguieron comercializando estos productos aun sabiendo el riesgo que entrañaban.
La dimensión del escándalo obligó en 1993 al Ministerio de Sanidad a comprar el silencio de los afectados, indemnizándoles con 10 millones de pesetas en forma de «ayuda social» a cambio de exonerar a las autoridades españolas de cualquier responsabilidad. Más o menos lo mismo que hizo la propia B. cuatro años después cuando, a través de un despacho de abogados de Miami, pagó tres millones de pesetas a cada familia si se comprometían por escrito a no demandarles ante cualquier tribunal del mundo. Los abogados contratados por la multinacional se llevaron un buen pellizco por esta operación: nada menos que la tercera parte, un millón de pesetas.
Las demandas judiciales se sucedieron y un informe del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, dependiente del Ministerio de Sanidad, certificó en 1995 tras una exhaustiva investigación, que el fármaco estaba efectivamente contaminado por plasma procedente de países africanos. Un año antes, el Ministerio de Sanidad decidió retirar del mercado varios lotes del polémico fármaco aunque, por desgracia, ya era demasiado tarde para algunos de los afectados.
CRONICA ha tenido acceso al fallo de tres de estas demandas dos en Sevilla y una Jaén, está última dictado el pasado 31 de julio en las que los magistrados condenaron a B. a pagar a las familias entre ellas la de J. J. indemnizaciones que rondan los 20 millones de pesetas, una cantidad 10 veces mayor a la que los laboratorios entregaron en su día a los que accedieron a vender su silencio...
La responsabilidad de los laboratorios en la fabricación de los productos defectuosos es objetiva, por lo que deben responder por ello, asegura el abogado José Miguel Castillo Calvín, que ha ganado la última demanda contra la multinacional
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