Considera el fallo dictado por el Juzgado granadino, que la información publicada, que tachaba de "enchufados" a los dos periodistas junto a otros 289 trabajadores de la institución, "carecía de veracidad" y que el "informador tiene un especial deber de comprobar la veracidad de los hechos".
Se reconoce así, como argumentaba en su demanda presentada por el despacho Castillo-Calvín Abogados, que prevalece el derecho al honor y a la imagen de los demandantes, pues el derecho a la información implica la veracidad y el interés general; pero en ningún caso, se permiten expresiones insultantes, vejatorias y difamatorias y, mucho menos, como resultaba en este caso, rotundamente falsas.
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