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El SAS indemniza con 208.000 euros por la muerte de una joven no diagnosticada


La resolución del Servicio Andaluz de Salud SAS viene a estimar la reclamación interpuesta en el año 2006 por el letrado granadino Castillo-Calvín, en nombre de la familia de la fallecida, de 32 años, que deja marido y dos hijos de corta edad (4 y 9 años).

Según se relata en el expediente, la paciente, tras presentar un episodio de parálisis parcial de la cara y dificultad para hablar, fue remitida por su médico de cabecera al Complejo Hospitalario de Jaén, donde le practicaron una analítica de sangre, que reveló muy pocas plaquetas en la sangre, concretamente 25.000, cuando el valor normal oscila entre 150.000 y 400.000.

Es por ello por lo que fue diagnosticada de un trastorno hemorrágico llamado “Púrpura Trombocitopénica”, debido a que su sistema inmune estaba destruyendo las plaquetas.

Esta afectación tiene tratamiento, y las perspectivas de curación son buenas, siempre que las medidas se instauren a su debido tiempo.

Pero a pesar de su delicado estado de salud, pues su bajísimo número de plaquetas continuaban bajando, y de que su estado físico empeoraba, presentando vómitos con mareo, inestabilidad y gran debilidad, fue dada de alta, sin que el equipo médico planteara siquiera la posibilidad de transfusión de plaquetas, cuando es parte del tratamiento habitual en estos procesos para prevenir el riesgo hemorrágico.

Tras dos días en su domicilio, la paciente se despertó con gran malestar y vómitos, por lo que su marido, alarmado, la trasladó en su coche hasta el Hospital de Jaén, llegando al mismo sin conocimiento.

Ingresada en UCI con tan sólo 9000 plaquetas, los médicos ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

El SAS, admitiendo que faltó una prueba diagnóstica fundamental “frotis de sangre”, asume que la asistencia médica fue “incompleta”, pues con el resultado de esta prueba se podría haber cuestionado el diagnóstico y el tratamiento inicial. Por ello, con el informe favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, decide estimar la reclamación interpuesta por Castillo-Calvín, abogado de la familia de la fallecida.


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